Criterios de la semana

Obliga a Pemex a dar también a los sindicatos minoritarios los mismos permisos sindicales que antes solo tenía el sindicato mayoritario.

Permite que el IMSS o las Afores se defiendan en amparo cuando una sentencia laboral les ordena devolver dinero, aunque no hayan sido parte del juicio.

Confirma que los pensionados por cesantía en edad avanzada tienen derecho a un ajuste (factor 1.11) que aumenta su pensión, aunque ya se les haya dado el salario mínimo.

Prohíbe usar peritos contables para recalcular sueldos o prestaciones ya fijadas en un contrato colectivo, evitando litigios innecesarios.

Explica cómo deben interpretarse en conjunto las reglas que regulan la pensión por cesantía en edad avanzada.

Permite que una persona que no fue notificada de un juicio laboral pueda defenderse por amparo si el laudo le afecta directamente.

Declara discriminatorio un reglamento de servicios médicos de la BUAP que afectaba derechos de seguridad social de sus trabajadores.

Protege a los clientes de bancos al declarar nula la cláusula que permite al banco subir la tasa de interés fija cuando quiera.

Si alguien reclama cargos bancarios poco creíbles, es esa persona quien debe probar su versión de los hechos.

Protege a los usuarios de banca al poner en el banco la carga de probar que una transferencia electrónica fue realmente autorizada por el cliente.

Si un banco ofrece aceptar el pago total de una deuda y el deudor paga confiando en eso, la deuda debe darse por saldada.

En contratos de servicios profesionales, el juez debe revisar que el pago pactado no resulte explotador para quien presta el servicio.

Aclara que también entre empresas puede analizarse abuso o explotación si afecta la dignidad de las personas detrás de ellas.

Aclara qué recurso procede en Veracruz cuando se rechaza una queja en segunda instancia, tema procesal local.

Evita que se rechacen demandas mercantiles por errores de forma al desahogar una prevención del juez.

Exige notificar personalmente el inicio del cobro de gastos y costas en juicios mercantiles, como si fuera un nuevo emplazamiento.

Aclara que los conflictos por convenios de colaboración con fines comerciales se resuelven en juicio mercantil, no civil.

Define qué juez debe resolver medidas urgentes (providencias precautorias) cuando el juicio principal ya inició, incluso si el juez está en el extranjero.

Aclara que la ley contra el lavado de dinero es válida y da certeza a bancos y empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas.

Fija desde cuándo corre el plazo para demandar las reglas sobre medición del agua, algo relevante para empresas usuarias de agua nacional.

Explica por qué se puede mantener en secreto la identidad de los funcionarios que revisan reportes de lavado de dinero, tema muy especializado.

Precisa un tecnicismo sobre qué jurisprudencia no aplica a la reserva de identidad de servidores públicos en materia antilavado.

Establece que la pensión para adultos mayores debe pagarse aunque no haya presupuesto asignado o reglas específicas, por ser un derecho social.

Aclara que las universidades privadas siguen sujetas a las mismas reglas para saber si dar de baja a un alumno cuenta como acto de autoridad impugnable en amparo.

Aclara que los simples candidatos a un programa de investigadores no pueden impugnar la ley por amparo, solo interesa a ese sector académico.

Valida que un fideicomiso de beneficios laborales en Jalisco trate distinto al personal de seguridad pública sin que eso sea discriminatorio.

Aclara que el fisco puede cobrar un crédito fiscal aunque no sea firme, si no fue pagado o garantizado a tiempo, algo clave para defender a contribuyentes.

La Corte confirma que el delito de peculado está bien definido en la ley, lo cual solo interesa a quienes llevan casos penales de funcionarios.

Declara inválida una norma de Nayarit que limitaba la representación de comunidades indígenas en los ayuntamientos.

Es la continuación del caso anterior sobre representación indígena en ayuntamientos de Nayarit.

Declara inconstitucional otra parte de la misma ley de Nayarit sobre representación honorífica indígena.

Obliga a los jueces de amparo a ordenar peritajes para conocer el tipo de discapacidad de una persona y darle los ajustes necesarios en el juicio.

Obliga a los jueces a aplicar medidas especiales para personas indígenas aunque no exista una ley que las detalle.

Si en un amparo no se designa representante especial a una persona indígena, se debe repetir el procedimiento.

Basta con que alguien se identifique como indígena para que el juez deba darle protección procesal reforzada.

Permite cambiar el régimen de convivencias con los hijos ya sea en un juicio nuevo o dentro del mismo expediente, dando más flexibilidad a los padres.

Es una regla interna sobre qué tribunal puede resolver ciertos conflictos de criterios, sin efecto directo para los clientes.

Aclara que unir juicios agrarios relacionados no detiene el plazo de prescripción de acciones distintas, tema muy específico del derecho agrario.

Precisa que las pruebas de un juicio agrario no valen automáticamente en otro, aunque el expediente sí puede usarse como documento.

Detalla cómo debe actuar el juez agrario cuando el perito de huellas dactilares no puede identificarlas con certeza.

Es una regla puramente administrativa sobre qué recursos proceden por cambios de turno entre tribunales.