Criterios de la semana

Obliga a que los sindicatos minoritarios de Pemex también reciban las mismas comisiones sindicales que el sindicato mayoritario, de forma proporcional.

Permite que el IMSS o las Afores impugnen en amparo una resolución laboral aunque no hayan participado en el juicio, si les ordena devolver dinero.

Aclara que los pensionados por cesantía en edad avanzada del IMSS tienen derecho a un ajuste (factor 1.11) que puede aumentar su pensión.

Limita el uso de peritos contables para calcular salarios o pagos derivados de contratos colectivos en juicios laborales, agilizando esos procesos.

Explica cómo debe interpretarse en conjunto la ley que regula la pensión por cesantía en edad avanzada, complementando el criterio obligatorio relacionado.

Da más oportunidad de defensa a quien dice no haber sido notificado de un juicio laboral que le afecta directamente.

Declara inválida una regla de servicios médicos de la BUAP que discriminaba a ciertos trabajadores y sus familias.

Protege a los clientes de bancos al declarar nula la cláusula que permite al banco subir la tasa de interés que se había pactado como fija.

Si alguien alega que le hicieron cargos bancarios sospechosos e inverosímiles, es esa persona quien debe probarlo.

Protege a los usuarios de bancos al poner en el banco la carga de probar que una transferencia electrónica reclamada sí fue segura y confiable.

Si el banco ofrece aceptar el pago total de una deuda y el deudor paga confiando en eso, se debe reconocer que la deuda quedó saldada.

El juez debe revisar que un contrato de servicios profesionales no esconda una explotación abusiva de una parte sobre otra.

Aclara que también entre empresas puede analizarse la explotación abusiva si termina afectando la dignidad de las personas detrás de ellas.

Aclara qué recurso procede en Veracruz cuando se rechaza una queja en segunda instancia, útil para litigantes de esa entidad.

Aclara que ciertos convenios de colaboración con fines comerciales deben resolverse por la vía mercantil y no civil.

Impide que se rechacen demandas mercantiles orales por errores meramente formales al responder una prevención del juez.

Exige que el cobro de gastos y costas en un juicio mercantil se notifique de forma personal, como si fuera un nuevo juicio.

Define que las medidas urgentes para proteger bienes en un juicio mercantil deben pedirse al juez que ya lleva el caso, aunque esté en el extranjero.

Se valida una regla de la ley contra el lavado de dinero, dando certeza a bancos y empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas.

Define desde cuándo corre el plazo para demandar las reglas sobre medición de agua nacional, importante para usuarios de agua y empresas del sector.

Refuerza que la pensión para adultos mayores debe pagarse siempre, sin excusas de falta de presupuesto ni de reglamentación.

Confirma que dar de baja a un alumno de una universidad privada puede impugnarse en amparo como si fuera un acto de autoridad.

Limita que los aspirantes al Sistema Nacional de Investigadores puedan impugnar en amparo ciertas reglas de la ley de ciencia y tecnología.

Valida que un fideicomiso de beneficios laborales en Jalisco trate distinto al personal de seguridad pública frente a otros trabajadores.

Aclara que el fisco puede cobrar un crédito fiscal aunque no sea firme, si no fue pagado o garantizado a tiempo, algo clave para empresas con adeudos fiscales.

La Corte confirma que el delito de peculado está bien definido en la ley y no es tan vago que viole los derechos de quien lo enfrenta.

Declara inválida una norma de Nayarit que limitaba la representación de comunidades indígenas en los ayuntamientos, protegiendo su derecho a participar.

Amplía la declaración de inconstitucionalidad a otra parte de la misma ley que también restringía la representación indígena en ayuntamientos de Nayarit.

Invalida otra disposición de la ley municipal de Nayarit que afectaba la representación honorífica de comunidades indígenas.

Aclara que no aplica a los funcionarios de la ley antilavado la protección especial que existía para 'jueces sin rostro', tema muy técnico y de poco impacto práctico general.

Es un criterio técnico que precisa qué jurisprudencia previa no aplica a los servidores públicos de la ley antilavado.

Obliga a los jueces de amparo a ordenar peritajes para conocer el tipo de discapacidad de una persona y así darle ajustes adecuados en el juicio.

Obliga a los jueces a aplicar medidas especiales para personas indígenas en los juicios aunque no exista aún una ley que lo detalle.

Ordena reponer el juicio de amparo si no se le asignó representante especial a una persona indígena, protegiendo su derecho de defensa.

Basta con que alguien se identifique como indígena para que el juez esté obligado a darle protección procesal reforzada.

Permite pedir cambios en el régimen de convivencia con los hijos ya sea en un juicio nuevo o dentro de un incidente del mismo expediente.

Regula un tema interno de cómo los tribunales resuelven entre ellos sus contradicciones de criterios, sin efecto directo para particulares.

Aclara que un juicio agrario relacionado con otro no detiene el plazo de prescripción de acciones distintas, tema técnico para especialistas agrarios.

Precisa que las pruebas de un juicio agrario no valen automáticamente en otro, aunque el expediente completo sí puede usarse como prueba documental.

Da lineamientos técnicos sobre cómo valorar pruebas de huellas dactilares dudosas en juicios agrarios.

Es un tema meramente administrativo interno sobre qué tribunal debe conocer un asunto según turnos, sin relevancia para el público.