Criterios de la semana

Quien trabaja para el Estado, tiene más de 6 meses consecutivos de servicio y termina su relación laboral antes de completar el año, tiene derecho a que le paguen de forma proporcional las vacaciones no disfrutadas y la prima vacacional, según el tiempo que efectivamente trabajó.

Para saber si procede el amparo indirecto contra la omisión de la autoridad laboral de pronunciarse sobre la cuantificación de los intereses moratorios al ejecutar un laudo, hay que verificar que la persona interesada lo haya pedido expresamente y que exista un deber concreto y exigible de responder. También se deben valorar el tiempo de demora, las actuaciones realizadas y las razones de la falta de respuesta. Si para eso hace falta revisar el expediente y el informe justificado, debe admitirse la demanda y decidir después si el juicio procede de forma definitiva.

Aplicar la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.) a conflictos de relaciones colectivas de trabajo pactadas y revisadas antes bajo el apartado A del artículo 123 constitucional es una aplicación retroactiva en perjuicio de las personas involucradas, por lo que en Tabasco la conciliación prejudicial entre el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y su sindicato corresponde al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco.

En un juicio laboral, lo que digan los testigos sobre hechos cuya información les dio quien los ofreció al formular las preguntas, y no ellos mismos, carece de veracidad.

Cuando se reclama en amparo un acuerdo administrativo que suprime y fija competencias territoriales y por materia de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no se puede considerar de entrada que el amparo sea claramente improcedente, porque determinar sus posibles efectos exige estudiar el acuerdo a fondo.

Si en un juicio laboral donde se reclama el reconocimiento de antigüedad las partes, conociendo lo reclamado, firman y ratifican ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral un convenio que reconoce esa antigüedad para efectos de jubilación, y la autoridad conciliadora lo aprueba, se actualiza la cosa juzgada: el convenio equivale a una sentencia firme que ya no puede revocarse ni modificarse.

El embarazo de una trabajadora es un dato personal sensible, así que sólo a ella le corresponde decidir si lo revela y puede negarse a hacerlo, sobre todo en el trabajo, donde podría dar lugar a discriminación.

El orden de beneficiarios que fija el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo sólo se aplica cuando la persona trabajadora no designó expresamente a sus beneficiarios (y esa designación no se desvirtúa en el juicio laboral).

Al juzgar con perspectiva de género un juicio laboral, la persona juzgadora no puede suponer que basta con mencionar principios o citar convenciones: debe aplicar de verdad esa herramienta durante el juicio y al dictar el laudo.

Durante el juicio laboral, las autoridades jurisdiccionales deben ordenar de inmediato y sin que nadie lo pida las medidas cautelares para que la trabajadora embarazada (o en maternidad protegida) conserve su seguridad social y su acceso a servicios de salud, pues tiene derecho a la salud y a una vida libre de violencia y discriminación, tanto en el trabajo como durante el proceso.

Si se demuestra que el patrón incumplió sus obligaciones de seguridad social y de servicios de salud, la trabajadora embarazada o en maternidad protegida tiene derecho a una indemnización por los gastos médicos que pagó antes, durante y después del parto, para proteger a ella y a su hijo o hija.

Al resolver un amparo directo con perspectiva de género, el tribunal debe señalar y poner a la vista las violaciones de procedimiento y de forma que cometió la autoridad laboral al aplicar mal esa perspectiva, lo que el criterio llama formalismo mágico.

Quien demanda el cumplimiento de un contrato de seguro no necesita demostrar la cantidad exacta reclamada como suerte principal para que su acción prospere, y si no hay elementos para fijarla en la sentencia definitiva, esa cantidad puede determinarse después, en la etapa de ejecución.

En un juicio oral mercantil, quien demanda a una empresa o dueño por un acto de su factor (la persona encargada de manejar el negocio) debe probar el acto, la intervención del factor y que era del giro que tenía encargado, y con eso el acto se entiende hecho por cuenta del principal aunque el factor se haya excedido; si el principal alega que el factor no tenía facultades u otro hecho que lo libere, a él le toca probarlo, y no basta demostrar una limitación interna o un exceso de facultades.

Criterio orientador (tesis aislada): en un juicio oral mercantil, si quien es tercero interesado no promovió amparo adhesivo para fortalecer la condena en gastos y costas, no pierde su derecho a alegar violaciones formales o de fondo en un nuevo amparo contra la sentencia dictada en cumplimiento que le sea contraria.

El artículo 30 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que permite a la Secretaría de la Defensa Nacional cancelar licencias de portación de armas, no viola el derecho a ser oído antes de la cancelación, porque es una medida provisional que depende de una resolución posterior de carácter definitivo.

Revisar el uso de recursos federales que ejercen los municipios le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, y las autoridades estatales solo pueden revisar participaciones federales si existe un convenio de coordinación y colaboración con esa Auditoría.

Procede la suspensión provisional en amparo indirecto contra la resolución que, durante la investigación de un procedimiento de responsabilidades administrativas, impone como medida cautelar la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, si en el expediente no se acredita que exista la conducta atribuida.

En el juicio contencioso administrativo federal, si el acto con el que la autoridad fiscalizadora delega en otros funcionarios la tarea de dar a conocer al contribuyente los hechos y omisiones detectados no fundamenta bien o no fundamenta su competencia, procede declarar la nulidad para efectos.

El proceso penal por el delito del artículo 1006 de la Ley Federal del Trabajo le corresponde a una persona juzgadora federal.

En la Ciudad de México, presentar un documento falso en un juicio laboral no se castiga como fraude procesal, sino con el delito especial del artículo 1006 de la Ley Federal del Trabajo.

Cuando el Ministerio Público Federal, durante la investigación, declara que no es competente por razón de fuero, esa decisión puede impugnarse con el recurso innominado del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por regla general, si la Suprema Corte resuelve una reclamación y confirma que se admita el recurso de revisión en un amparo directo, ya no se puede volver a discutir que exista un tema de constitucionalidad ni que se actualice el interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

Si un Pleno Regional recibe un conflicto de competencia entre tribunales colegiados y el asunto corresponde a una materia distinta de su especialización, debe declararse incompetente y enviarlo al Pleno Regional de la materia que corresponda.

El tribunal puede suplir la queja deficiente, es decir, corregir las fallas en lo que plantea quien reclama, cuando en el juicio de origen se sobreseyó sin respetar el marco jurídico aplicable.

En la suspensión del amparo, un cheque certificado a favor de la persona tercera interesada no sirve como garantía, porque no entra al sistema de depósitos judiciales ni queda a disposición de la autoridad que juzga.

La persona juzgadora puede negar la suspensión en amparo sin analizar el peligro en la demora ni la apariencia del buen derecho cuando hay un impedimento jurídico evidente, como que el acto reclamado claramente no existe, que falta interés para pedirla, que el acto sea una omisión o esté consumado sin efectos que suspender, o que la Ley de Amparo lo prohíba.

En el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva en amparo, la persona juzgadora debe dar a todas las partes la oportunidad de ofrecer pruebas, no sólo a la autoridad responsable.

Criterio orientador (tesis aislada): en un amparo indirecto de una persona pensionada o jubilada que reclama el pago de su pensión, si el juzgado omite ordenar de oficio la compulsa del documento con el que demuestra su interés para pedir la suspensión, debe reponerse el procedimiento para que ese documento obre en ambos cuadernos y se tome en cuenta al resolver.

En Veracruz, quien reclama en amparo indirecto la resolución que desechó el recurso de reclamación contra la omisión de fijar pensión alimenticia provisional no tiene que agotar antes otro recurso, porque saber si ese recurso procede exige una interpretación adicional.

La persona titular de la sindicatura municipal no tiene legitimación para promover amparo indirecto en nombre de los demás integrantes del Ayuntamiento cuando el acto los afecta de manera individual, salvo que la persona afectada le dé un mandato expreso o una disposición legal lo autorice.

Si un progenitor promueve amparo pero no ejerce correctamente la representación para proteger los intereses de su hijo menor de edad, la persona juzgadora debe nombrarle un representante especial.

Al conceder la suspensión de plano contra un internamiento involuntario en un centro de rehabilitación de adicciones, no se debe depender de la voluntad de un tercero (como un familiar): cuenta únicamente la voluntad de la persona internada para saber si su permanencia es voluntaria.