Criterios de la semana

En el procedimiento ordinario laboral, el ofrecimiento de trabajo debe hacerse al contestar la demanda; si no se hace en ese momento, se pierde el derecho a hacerlo después.

Si la persona asegurada empezó a cotizar bajo la Ley del Seguro Social de 1973, su demanda para que se incremente una pensión provisional por incapacidad permanente parcial se analiza conforme a esa ley, en particular su artículo 275.

Para contar los 4 meses que tiene una persona trabajadora al servicio del Estado para demandar la reinstalación o la indemnización (artículo 113, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado), se descuenta el tiempo en que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje suspendió labores por la pandemia de COVID-19.

En Chihuahua, las personas juzgadoras locales separadas forzosamente del cargo por la reforma judicial que obtengan pensión o jubilación de su régimen de seguridad social tienen derecho, además, a una pensión complementaria vitalicia del 50 % de la compensación que recibían en activo, con incremento anual conforme al INPC y a cargo del presupuesto del Poder Judicial del Estado.

Si un militar murió por actos fuera del servicio y cotizó más de cinco años, debe garantizarse a quien pide la pensión por viudez al menos una pensión reducida, aplicando el artículo 63 del Convenio 102 de la OIT por ser la norma más favorable.

En la Ciudad de México, el límite que pone el artículo 2448 D, párrafo segundo, del Código Civil local al aumento de las rentas es constitucional.

En la Ciudad de México, la obligación de inscribir los contratos de arrendamiento de casa habitación en el Registro Digital de Contratos de Arrendamiento (artículo 2448 F del Código Civil local) puede interpretarse de forma compatible con la Constitución, de modo que respete la privacidad y la protección de datos personales.

En un juicio ordinario civil, antes de promover amparo indirecto contra la decisión que concede o niega providencias precautorias, hay que interponer el recurso de apelación o el de revocación, según la cuantía del asunto.

Cuando la víctima o tercero dañado demanda directamente a la aseguradora el cumplimiento de un seguro de responsabilidad civil (artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro), procede la vía mercantil aunque reclame prestaciones ligadas a esa responsabilidad, siempre que lo principal sea el cumplimiento del seguro y no se discuta si hubo un hecho ilícito y quién es responsable.

Los pleitos por el arrendamiento de locales en plazas comerciales se tramitan en la vía oral mercantil cuando el contrato se celebró con propósito de especulación comercial, porque entonces el contrato es mercantil.

Si un vuelo se cancela por caso fortuito o fuerza mayor y el pasajero decide no usar la prórroga de vigencia de su boleto, tiene derecho a que le reembolsen lo que pagó.

Los amparos indirectos contra el decreto de reformas en materia de concesiones para minería y agua los deben conocer los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa genérica.

Si una persona pensionada por el ISSSTESON (Sonora) reclama en amparo que su pensión se calculó mal y no señala su domicilio en la demanda, el recibo de pago de la pensión hace presumir su domicilio, salvo prueba en contrario, para decidir qué Juzgado de Distrito es competente.

En un juicio de nulidad, si el expediente clínico ofrecido como prueba muestra que la persona actora dijo haber sufrido hostigamiento laboral y acoso sexual de su superior jerárquico, el tribunal debe juzgar con perspectiva de género aunque nadie lo pida.

Si la autoridad tarda sin justificación más de los 20 días del artículo 148 de la Ley General de Víctimas en resolver la solicitud de acceso a los recursos de ayuda, asistencia y reparación integral por un delito federal, viola el derecho a una justicia pronta del artículo 17 constitucional.

El acceso de las personas trans a tratamientos integrales ligados a su afirmación de género debe basarse en valoraciones médicas especializadas y con sustento científico que definan el tratamiento adecuado para sus necesidades, con calidad y seguridad y sin poner en riesgo su vida o su integridad.

El Estado debe tomar medidas institucionales, administrativas y médicas para dar a las personas trans una atención de salud integral, especializada, continua, oportuna y sin discriminación, acorde con su identidad y con las necesidades de su proceso de afirmación de género.

Quien tributa en el RESICO y omite tres o más pagos mensuales en un año (seguidos o no), o no presenta su declaración anual, deja de tributar en ese régimen y pasa al que le corresponda de la Ley del ISR desde que ocurre el incumplimiento, sin que haga falta un acto de la autoridad que se lo indique.

Cuando se reclama que la cuota del artículo 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua por servicios registrales no guarda equilibrio razonable con el costo del servicio, no se aplican las razones de la contradicción de criterios 254/2023 de la extinta Segunda Sala de la Corte.

Que el proceso penal se sobresea porque se cumplió un acuerdo reparatorio derivado de la suspensión condicional del proceso no basta para negar a las víctimas indirectas el acceso a la compensación subsidiaria del fondo de la Ley General de Víctimas.

La reforma publicada el 16 de octubre de 2025, que agregó un párrafo al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, no reduce quién puede promover amparo para defender el medio ambiente: solo precisa el concepto, y sigue valiendo la doctrina del «entorno adyacente» para identificar quién puede hacerlo.

Cuando en un amparo se reclama que la autoridad no preservó un área natural protegida y puede haber daño ambiental, el juez debe detectar las desigualdades entre las partes y conseguir por su cuenta las pruebas necesarias; si no lo hace, puede ordenarse reponer el procedimiento.

Si en un amparo la multa se impone sobre el patrimonio de una persona servidora pública, el representante jurídico de la autoridad no puede interponer el recurso de queja contra ella, salvo que diga expresamente que actúa en nombre de la persona sancionada.

En los amparos contra el decreto que limita las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas (reforma al artículo 127 constitucional), el Tribunal Colegiado que reciba la queja contra la concesión o negativa de la suspensión de oficio y de plano debe resolverla aunque se considere incompetente, porque su resolución es urgente.

No procede el recurso de queja contra el auto que requiere a la autoridad cumplir la sentencia de amparo bajo apercibimiento de multa, aunque la autoridad alegue que se le piden efectos distintos o cosas nuevas, porque esa posible afectación se puede reparar con el incidente innominado del artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo.

La reducción de la pensión de una persona adulta mayor por el decreto que limita las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas no equivale a un acto de tortura prohibido por el artículo 22 constitucional, así que esa equiparación no sirve para que proceda la suspensión de oficio y de plano.

Para resolver si se violó el derecho a un medio ambiente sano, los jueces deben tomar como base la Constitución, los tratados ambientales que enumera el criterio (entre ellos el Acuerdo de París y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, con sus protocolos) y las disposiciones de protección ambiental del T-MEC.

El Órgano de Administración Judicial local, cuando solo se le reclamó como autoridad ejecutora la aplicación de una norma, no puede interponer la revisión contra un amparo concedido por ser inconstitucional esa norma si sus agravios, en el fondo, defienden la constitucionalidad del precepto y no combaten los efectos de la sentencia que lo vinculan.

Si se pide la suspensión en amparo contra la falta de respuesta a una solicitud (en el caso, la renovación de un permiso para importar gas natural), no hay apariencia del buen derecho cuando para saber si la omisión es inconstitucional primero hay que analizar si se configuró una negativa ficta; eso se resuelve hasta la sentencia, y la suspensión provisional se niega.

En amparo directo no se estudian los argumentos sobre temas que no se plantearon en el juicio de origen cuando sí se pudo hacerlo, porque la autoridad nunca se pronunció sobre ellos.

En el recurso de queja contra la resolución que concede o niega la suspensión provisional no se admiten ni se valoran pruebas distintas de las que el juez de amparo tomó o debió tomar en cuenta al resolverla.

En un amparo contra actos que afectan la posesión de un inmueble, el juez puede eximir a una persona con discapacidad acreditada de dar garantía para que siga la suspensión definitiva, si por su discapacidad su situación económica le impide pagarla sin poner en riesgo su subsistencia.

No procede la suspensión en amparo para seguir operando (en el caso, importando gas natural) después de que venció el permiso administrativo, porque eso daría un derecho que la quejosa no tiene, y el artículo 131 de la Ley de Amparo prohíbe dar ese alcance a la suspensión.

Procede conceder la suspensión con efectos positivos a quien fue reconocido formalmente como víctima de violaciones a derechos humanos y tiene a su favor medidas de reparación integral determinadas por la autoridad competente, siempre que haya apariencia del buen derecho y la medida sea necesaria para evitar daños de difícil reparación.

La suspensión en amparo no puede dar más de lo que se obtendría si se ganara el amparo; por eso se negó la que pedía seguir importando gas natural mientras se resolvía el juicio.

La denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad no puede desecharse por presentarse tarde, porque la Ley de Amparo no le fija plazo y no se le puede aplicar por analogía el plazo de la demanda de amparo.

En el juicio de amparo se puede admitir como prueba la confesión espontánea de las partes, sin necesidad de llamarla así al ofrecerla, siempre que del ofrecimiento y su contexto se entienda que es espontánea.

Si una demanda de amparo directo se desechó por extemporánea con base en una notificación que entonces era válida, que después se anule esa notificación en un incidente no cambia el cómputo que sirvió para desecharla.

La revisión adhesiva procede también contra las resoluciones del incidente de suspensión, no solo contra las sentencias que resuelven el amparo indirecto: puede promoverla la parte a la que esa resolución le fue favorable.

No procede el amparo indirecto contra el requerimiento de cumplir voluntariamente, con apercibimiento de ejecución forzosa, el convenio de un divorcio sin expresión de causa que por ley quedó como resolución ejecutoriada, porque forma parte de la cosa juzgada mientras el convenio no se modifique.