Criterios de la semana

Obliga a extender un beneficio sindical de Pemex también a sindicatos minoritarios que lo pidan, lo que puede generar reclamos importantes en el sector energético.

Permite que instituciones como el IMSS o las AFORES puedan defenderse en amparo aunque no hayan participado en el juicio, si les ordenan devolver dinero de pensiones.

Aclara que un factor de ajuste (1.11) sí debe aplicarse a ciertas pensiones por vejez del IMSS, lo que puede aumentar el monto de pensiones ya otorgadas.

Limita el uso de peritos contables para calcular ciertos pagos derivados de contratos colectivos, relevante para litigios laborales de liquidación.

Explica cómo interpretar en conjunto las reglas sobre pensiones por vejez, útil como guía práctica para calcular pensiones.

Da más oportunidad de defensa a alguien que no fue notificado de un juicio laboral y que ahora se ve afectado por un laudo, sin desechar su amparo de entrada.

Declara inválida una regla de servicios médicos de la BUAP que discriminaba a ciertos trabajadores, afectando su seguridad social y protección familiar.

En contratos de servicios profesionales, el juez debe revisar que el pago acordado no resulte abusivo o explotador para quien presta el servicio.

Aunque el contrato sea entre empresas, se puede analizar si hay explotación si al final afecta la dignidad de las personas físicas detrás de esas empresas.

En Veracruz, se puede impugnar mediante un recurso especial cuando un tribunal de segunda instancia rechaza indebidamente una queja.

Protege a los clientes de bancos al declarar nula la cláusula que permite al banco subir la tasa de interés que se pactó como fija, sin avisar ni justificar.

Exige que se notifique en persona (como si fuera un nuevo juicio) cuando se admite un incidente para cobrar gastos y costas en un juicio mercantil, para no dejar a nadie en indefensión.

Si alguien alega que unos cargos bancarios son falsos pero la historia es poco creíble, le corresponde a esa persona demostrarlo, no al banco.

Cuando un cliente no reconoce una transferencia electrónica, es el banco quien debe probar que la operación fue segura y confiable, protegiendo al usuario.

Si un banco ofrece formalmente aceptar el pago total de una deuda y el deudor paga confiando en eso, se debe reconocer que la deuda quedó saldada.

Aclara que si un convenio de colaboración tiene fines de negocio, sus conflictos deben resolverse por la vía mercantil y no civil.

Impide que un juez deseche una demanda mercantil solo por un tecnicismo al momento de corregir la prevención, protegiendo el acceso a juicio.

Aclara qué juez es competente para pedir medidas precautorias en un juicio mercantil ya iniciado, incluso si se encuentra en otro país.

Aclara que la ley contra el lavado de dinero es clara y no deja en incertidumbre a quienes deben reportar operaciones sospechosas, lo que interesa a empresas y contadores obligados a reportar.

Define desde cuándo empieza a correr el plazo para demandar las reglas sobre medición de agua, útil para empresas y usuarios del recurso hídrico.

Explica que no aplica a los inspectores de lavado de dinero la protección especial que existe para 'jueces sin rostro', tema muy técnico de organización interna del gobierno.

Precisa que un criterio anterior de la Corte sobre confidencialidad de servidores públicos no aplica a esta ley específica de lavado de dinero.

Establece que el pago de la pensión para adultos mayores debe garantizarse siempre, sin depender del presupuesto disponible ni de reglas administrativas menores.

Confirma que dar de baja a un alumno de una universidad privada sigue considerándose un acto que puede impugnarse en amparo, pese a reformas educativas recientes.

Los aspirantes al Sistema Nacional de Investigadores no pueden impugnar la ley porque solo son candidatos, no afectados directos todavía.

Valida que un fideicomiso de beneficios laborales en Jalisco trate distinto al personal de seguridad pública por el riesgo de su trabajo, sin que sea discriminación.

Precisa que el fisco puede cobrar un crédito fiscal aunque no sea definitivo, si no se pagó o garantizó a tiempo, algo clave para empresas con adeudos fiscales.

Confirma que la ley que castiga el peculado está bien redactada y no es ambigua, algo que interesa sobre todo a abogados penalistas de servidores públicos.

Es una regla interna sobre qué tribunal puede resolver contradicciones de criterios según la región, no afecta a los ciudadanos directamente.

Declara inválida una regla de Nayarit sobre cómo se representa a comunidades indígenas en los ayuntamientos, relevante solo para asuntos electorales locales.

Mismo tema que el anterior: invalida otra parte de la ley municipal de Nayarit sobre representación indígena.

Invalida la figura de representación 'honorífica' (sin voto real) de comunidades indígenas en ayuntamientos de Nayarit.

Obliga a los jueces de amparo a ordenar pruebas periciales para identificar el tipo de discapacidad de una persona y darle ajustes adecuados en el juicio.

Los jueces deben aplicar medidas especiales para personas indígenas en los juicios aunque no exista todavía una ley que lo regule con detalle.

Si a una persona indígena no se le nombra un representante especial en su amparo, el juicio debe repetirse para corregir esa falla.

Basta con que alguien se identifique como indígena para que el juez esté obligado a tomar medidas especiales de protección en el proceso.

Permite pedir un cambio en el régimen de convivencia con los hijos ya sea abriendo un juicio nuevo o dentro de uno que ya existe, dando más flexibilidad a los padres.

En juicios agrarios relacionados, un asunto conexo no detiene el plazo de prescripción de otro asunto distinto, tema muy específico de derecho agrario.

Aclara que las pruebas de un juicio agrario no valen automáticamente en otro, aunque el expediente completo sí puede usarse como prueba documental.

En juicios agrarios donde se usan huellas dactilares como prueba, el juez debe pedir asesoría técnica si el perito no logra identificarlas con claridad.

Es una regla interna sobre qué recursos proceden cuando cambia el turno administrativo de un asunto entre tribunales, sin efecto para las partes.